Con el fin de terminar con las simulaciones de este gobierno en el combate a la corrupción, el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados propuso convertir a la Secretaría de la Función Pública (SFP)en el Instituto de la Función Pública.

De esta forma, se busca tener un órgano público con plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal, para que pueda cumplir sin complicidades con su responsabilidad de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas, así como la de sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales.

“Con esta propuesta de Acción Nacional “se confirma nuestra convicción democrática e institucional de combatir frontalmente la corrupción en todos sus ámbitos, y de dar un paso más en el fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción que ha sido olvidado por el gobierno en turno”, manifestó la legisladora Carmen Rocío González.

“El más claro ejemplo es ¿Cómo Irma Eréndira iba a investigar de manera objetiva a funcionarios que son también sus compañeros de trabajo y de partido?”, cuestionó por su parte el coordinador de la bancada, Jorge Romero.

Los panistas consideraron que el actual mecanismo del titular de la Función Pública no garantiza autonomía de ejercicio y queda demostrado que bajo las reglas vigentes, dicha dependencia está sometida a la voluntad del titular del Ejecutivo, contraviniendo el espíritu del combate a la corrupción en todas sus esferas, por eso se pretende generar un contrapeso institucional, siguiendo los principios por los cuales se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción.

Informaron, asimismo, que su bancada plantea una serie de mecanismos que blinden los órganos autónomos y al Poder judicial con más y mejores requisitos, que son fundamentales para que las y los titulares de estas instituciones estén a la altura de su mandato constitucional.

Con ello se busca que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesarios para llevar a cabo sus funciones.

De tal forma, algunos requisitos que plantea la propuesta de ley, además de título profesional con antigüedad mínima de 10 años, acreditar conocimientos en la materia, para ocupar dichos cargos se requerirá que no hayan sido militante de algún partido político en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación, no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación.

Tampoco tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal. Los nombramientos en los cargos directivos de los órganos autónomos deben estar alejados de las filias respecto al titular del Ejecutivo.

Indicaron que esta reforma lo que pretende es dotar a los órganos autónomos del Estado y a los miembros del Poder Judicial de la Federación como son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura Federal, así como Tribunal Federal Electoral, de la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos.



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