La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Olga Luz Espinosa Morales, propuso castigar con cuatro y hasta siete años de cárcel y el pago de multas por el equivalente a 60 días, el delito de anticoncepción forzada.

Asimismo, propuso el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que podrá incluir el procedimiento médico o quirúrgico correspondiente para revertir la anticoncepción.

Para respaldar su propuesta, la legisladora refirió que México presenta más casos de violencia obstétrica, y en muchas ocasiones las víctimas ni siquiera se enteran.

Dijo que de acuerdo con datos oficiales, en México hay más de seis millones de mujeres indígenas, de las cuales 4.8 millones (el 80 por ciento) son víctimas de la violencia obstétrica. La situación es grave debido a que seis de cada 10 mujeres indígenas están en etapa reproductiva. Además, de las 32 entidades, solo 17 cuentan con reglamentación específica sobre la violencia obstétrica.

Por ello, en la iniciativa planteada por la perredista se busca establecer en el Código Penal Federal que comete el delito de anticoncepción forzada quien sin el consentimiento de una persona o mediante el uso de la coacción o a través de la manipulación implante o practique en ella procedimientos químicos, sustancias u objetos de cualquier otra índole para evitar la fecundación.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, o bien, en caso de que el responsable sea servidor público se le privará del empleo, cargo o comisión público que haya estado desempeñando.
Precisa que cuando la persona responsable ofrezca algún tipo de dádiva, prestación económica, social o de cualquier otra índole, aunado a las penas previstas, estas serán aumentadas hasta un tercio.

En los cambios a la Ley General de Salud impulsados por Espinosa Morales se plantea que en tratamientos de anticoncepción o esterilización, la autorización deberá otorgarse por escrito y únicamente podrá proporcionarla la persona usuaria beneficiaria, previo a su intervención o internamiento.

“Tratándose de personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, el personal que recabe la autorización deberá explicarles atendiendo a sus condiciones particulares, incluyendo el lenguaje o idioma que comprendan. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, podrán auxiliarse por un intérprete de lengua de señas mexicanas o de persona de su confianza”, se destaca en la iniciativa.

Espinosa Morales considero fundamental reforzar las acciones en favor de la salud sexual y reproductiva, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos, por lo que la iniciativa tiene por objeto eliminar la violencia obstétrica que se realice mediante la esterilización y anticoncepción forzada.





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