Agradezco esta oportunidad de dialogar con las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, sobre los instrumentos que regirán la actuación de nuestra institución durante el presente año.

Como es de su conocimiento, el primero de febrero pasado, entregamos al Congreso el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal para 2022. Con ello cumplimos con un mandato constitucional.

Ambos instrumentos tutelan una actividad fundamental para la convivencia, el desarrollo, la prosperidad económica, la justicia y la construcción de la Paz.

El programa, contiene una revisión de los avances observados durante el año anterior y los objetivos que nos estamos fijando para el 2022.

Comprende también el proceso de transición de la Fiscalía, que implica la transformación integral y profunda de nuestra institución.

Se trata de colocar a las víctimas en el centro de todas nuestras actuaciones y lograr transformar a toda la Fiscalía en la puerta de entrada a la justicia.

Recuperar la esencia de nuestra función pública significa, para muchos aspectos de nuestro trabajo, un cambio radical y revolucionario de prácticas y procesos.

El diseño constitucional establece no solamente la figura de un órgano autónomo, sino de un conjunto de instrumentos de planeación, como el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, que se enriquecen con la opinión del Congreso y de los ciudadanos.

Quiero compartir rápidamente los resultados del Plan 2020 y 2021, así como la propuesta para este año.

En los años 2020 y 2021, hemos fortalecido áreas prioritarias para la procuración de justicia; mejorando los espacios para la atención ciudadana; incorporamos más y mejores policías de investigación, ministerios públicos y peritos; invertimos en equipo y tecnología de vanguardia para la investigación criminal; y cambiamos la ecuación para transitar a una Fiscalía basada en las necesidades de las víctimas.

Para aproximar la Fiscalía a la gente, corregimos malas prácticas y mejoramos la atención a las víctimas de algún delito. Implementamos las Unidades de Atención Temprana, las Unidades de Gestión Administrativa, las Unidades de Análisis de Contexto, así como el Ministerio Público Móvil y la Línea Directa de la fiscal general.

En las Audiencias Ciudadanas que hemos llamado “La Fiscal en tu Alcaldía”, nos acercamos a la ciudadanía para atender sus denuncias y quejas; desde el mes de julio del 2021, de manera personal he atendido a 145 personas, los Coordinadores Generales a 697 personas y lo hemos hecho en siete Alcaldías.

En el Sistema de Denuncia Digital ampliamos el catálogo de los delitos que pueden ser denunciados por esta vía. Durante 2021 atendimos 25 mil 302 denuncias digitales, lo que significa un crecimiento muy importante, comparado con las 2 mil 239 que se captaron por esta vía en 2018.

Tenemos un amplio compromiso con la Transparencia, Rendición de Cuentas y la Austeridad de la Función Pública; por ello creamos el Comité de Administración, que genera medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal; y, transparenta sus procesos de compra y contratación de servicios.

Siempre he creído que la autonomía, no es sinónimo de opacidad ni está reñida con la austeridad.

Para mejorar la acción de la Fiscalía, con el mismo presupuesto, incorporamos a mil policías de investigación más y mejor capacitados, a 124 peritos y 59 médicos auxiliares del Ministerio Público.

Es importante destacar la selección a través de convocatoria pública, de los titulares de las Fiscalías de Investigación del Delito de Feminicidio y la de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana.

Modernizar a la Fiscalía requiere el uso de herramientas científicas y tecnológicas. Hemos concluido la construcción y el equipamiento del Banco de ADN y estamos en un proceso de certificación.

Para la Fiscalía, el acceso a la justicia para las mujeres es prioritaria, por ello, fortalecimos los tres Centros de Justicia para las Mujeres, con espacios para la operación de tres nuevas agencias del Ministerio Público para la Atención de Delitos Sexuales.

Dotamos de instalaciones adecuadas a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio y remodelamos el Centro de Apoyo a Víctimas del delito de Violencia Familiar.

Para mejorar el combate a la corrupción, quiero reconocer la designación del Fiscal Especializado realizada por este Congreso, que nos ha permitido articular la estrategia y mejorar nuestra eficacia.

La corrupción es incompatible con la función de procurar justicia, por ello, continuaremos combatiendo las malas prácticas o actos de corrupción internas; en 2021 el Consejo de Asuntos Internos sancionó a 632 servidores públicos de la fiscalía por faltas administrativas, destacan 59 suspensiones, 208 vistas al Órgano de Control y 314 vistas a la Fiscalía de Servidores Públicos, se destituyeron a 21 servidores públicos.

El Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación, inició 426 procedimientos por faltas, destacan 67 suspensiones correctivas, 9 preventivas y 32 destituciones.

La investigación de actos de corrupción es nuestra obligación y es uno de los pilares que sustenta nuestro proyecto de transformación. Vamos a continuar actuando con firmeza y apego a la Ley.

Como es de su conocimiento, hemos descubierto y hechos públicos diversos modus operandi que se utilizaron para afectar el patrimonio público por varios miles de millones de pesos.

Hemos presentado evidencia de ello a la autoridad judicial y seguimos fortaleciendo la investigación y la ubicación de las personas probablemente responsables.

Es así como damos cuenta del cumplimiento de diversos compromisos que establecimos para el año 2020 y 2021.

Quiero resaltar que el Plan de Política Criminal es resultado de un proceso de consulta y participación ciudadana, que inició con su presentación al Congreso y que continúa con la Consulta que el Consejo Ciudadano de la Fiscalía promovió entre los ciudadanos, especialistas, opinión pública, organizaciones sociales, académicos y autoridades, cuyas conclusiones enriquecieron el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal del año 2020 a 2021.

Los resultados que veremos a continuación son producto del trabajo coordinado con el Congreso, nuestro Consejo Ciudadano y de una amplia participación ciudadana. Estos resultados demuestran que no nos equivocamos.

La mejor manera de medir el resultado de la implementación del Plan de Política Criminal, es a través del análisis del fenómeno delictivo y de la actuación de la Fiscalía.

El combate a la delincuencia en la Ciudad de México está dando resultados; la estrategia que se ha implementado, tiene como sustento: atender las causas del delito, contar con más y mejores policías, con la utilización de la investigación, la inteligencia, la Coordinación Interinstitucional es muy importante y la coordinación con la ciudadanía.

Esto, para mejorar la actuación de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia.

En el periodo de 2019 a 2021, el total de delitos de alto impacto, como lo hemos venido informando, disminuyó en un 38 por ciento.

En lo que corresponde al homicidio doloso existe una disminución del 32.8 por ciento de 2019 a 2021, en el mismo periodo aumentamos como Fiscalía las vinculaciones a proceso en 28.5 por ciento, que representa una mejoría en la eficiencia y la calidad en el trabajo de nuestros ministerios públicos, nuestros policías de investigación y nuestros peritos.

Seguiremos fortaleciendo para el tema de homicidio doloso las Unidades Criminalísticas de Proximidad, que poseen ya una alta especialización y elevados estándares de calidad para hacer frente a la dinámica de este delito en particular y que han contribuido en forma importante a su esclarecimiento.

Respecto al año 2020 tenemos una disminución sustancial en diversos delitos de alto impacto que me parece importante compartir con ustedes:

● Robo de vehículo disminuyó 26 por ciento
● Robo a negocio, 22 por ciento
● Robo a repartidor, 14 por ciento
● Lesiones por disparo de arma de fuego, 14 por ciento
● Robo a casa habitación, disminuyó en 24 por ciento
● Robo a bordo de microbús, 15 por ciento
● Robo a cuentahabiente, 18 por ciento
● Robo a transporte, 13 por ciento
● Secuestro, con una gran disminución del 67 por ciento

Quiero resaltar que la Fiscalía ha mejorado significativamente en la vinculación a proceso de los delitos de alto impacto y se ha aumentado el porcentaje de prisión preventiva por robo, pasando del 55 por ciento en 2019 a un 79 por ciento en 2021. Esto es un reflejo de la mejora de la calidad del trabajo de la Fiscalía.

Entre 2020 y 2021 aumentamos las sentencias condenatorias 60.08 por ciento, en términos absolutos pasamos de 7 mil 212 sentencias condenatorias en 2020 a 11 mil 545 en 2021. Específicamente las de alto impacto aumentaron en un 53.88 por ciento y las de delitos de género en 110.54 por ciento.

También aumentamos el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en un 39 por ciento.

En materia de género, vinculamos a 690 acosadores y abusadores sexuales; 90 feminicidas, 27 tratantes de personas y 260 violadores.

En 2019 teníamos un promedio mensual de 12.6 agresores vinculados por violación, en 2021 duplicamos con 24 vinculados por mes, incluyendo casos relevantes de figuras políticas y de integrantes de medios de comunicación.

En defensa de las mujeres, seguiremos siendo implacables en la aplicación de la Ley.

En esta estrategia ubicamos puntos de operación de células criminales en diversos puntos de la ciudad, hemos ejecutado 608 órdenes de cateos, lo que sextuplicó la productividad con relación a lo alcanzado en el 2018.

Siempre estas acciones las hemos realizado en forma coordinada. La seguridad y la justicia requieren la suma de los esfuerzos institucionales, por eso, gracias a la coordinación con las diversas instancias del Gobierno de México, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República; así como, en la Ciudad de México, con la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica, así como el Tribunal Superior de Justicia. Todos juntos tenemos un sólido y fuerte frente institucional para el combate al delito y la desarticulación de grupos criminales.

En el Plan de Política Criminal y Persecución Penal 2022, ponemos a consideración de este Honorable Congreso las siguientes metas:

META 1: Implementar el nuevo modelo de atención a usuarios en las Agencias del Ministerio Público que cuenten ya con Unidades de Atención Temprana.

Estamos recuperando la confianza de la ciudadanía, la última encuesta ENVIPE señala que del 2018 al 2021 la percepción de seguridad en la ciudadanía mejoró en 16.2 puntos porcentuales. Fortaleceremos este rubro con el nuevo Modelo de atención.

META 2: Adecuaciones de nuestras instalaciones para dignificar los espacios, tanto para la atención de las personas usuarias y de nuestro personal, continuaremos con esta adecuación y remodelación; que, entre otros, terminaremos la construcción del Centro de Justicia para Mujeres en la Alcaldía Magdalena Contreras, así como el inicio de la construcción de la Fiscalía de Procesos en el Juzgado Penal Oriente.

META 3: Implementar la aplicación denominada “TEO”, pondremos a disposición de la población esta aplicación, que es una herramienta que se desarrolló en colaboración con la organización civil TOJIL, y que servirá para brindar orientación y atención ciudadana a través de Facebook, Telegram y WhatsApp, así como facilitar el reporte de actos de corrupción en las Agencias del Ministerio Público.

META 4: Incorporación al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía al personal que concluya exitosamente el proceso establecido para tal fin.

Nuestra ciudad merece las mejores instituciones y éstas, se conforman con las y los mejores servidores públicos; por ello es relevante y esencial realizar cambios de fondo, como el proceso de selección del personal sustantivo que dejará de ser discrecional y será en base en aptitudes y méritos. Por su dimensión, es un componente básico de la transición de la Fiscalía.

Todo el personal sustantivo deberá pasar por un proceso de capacitación intensiva para presentar un examen de oposición para su ingreso. Este año estaremos dando la bienvenida a las y los mejores servidores públicos para la procuración de justicia.

META 5: Consolidar la Fiscalía de Investigación en Materia de Desaparición Forzada de Personas, menciono dos acciones: la creación de la Unidad de Análisis de Contexto, dedicada al estudio de patrones de desaparición de personas.

Para el mismo propósito implementaremos el mecanismo de intercambio de información con el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal, para la identificación de personas fallecidas que se encuentren en calidad de desconocidos, entre otras acciones.

META 6: Fortalecer la coordinación interinstitucional en los gabinetes de seguridad, como lo hacemos todos los días, que permitan la disminución de la violencia en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc y poderlas sacar de la lista de los 50 municipios más violentos del país.

A nosotros nos corresponde investigar y detener a las personas responsables de estos delitos, con ello, combatir la impunidad, que es la mejor forma de mejorar la seguridad.

META 7: Los delitos de robo en sus diversas modalidades, despojo y extorsión ya no serán investigados de manera aislada sino como parte de un fenómeno criminal y nos auxiliaremos de las unidades integradas por analistas, técnicos y expertos en la materia de su competencia, con el fin de detectar tendencias delictivas, series, víctimas, zonas, patrón delictivo, ola delictiva, producto objetivo y entorno o escenario de alto riesgo o incidencia.

Para el delito de extorsión, hemos generado una estrategia para fomentar la cultura de la denuncia y una coordinación interinstitucional para su atención.

META 8: Pondremos en marcha la Unidad de Supervisión General de Liquidación de Casos de la Procuraduría

Con lo cual determinaremos todos los casos, las averiguaciones previas y expedientes que quedaron pendientes en la extinta Procuraduría.

META 9: Crearemos un Centro de documentación y análisis de los archivos ministeriales, que se encargará de proponer la conformación del archivo histórico de la Fiscalía General, con el objetivo de organizar, conservar, preservar, y administrar los archivos en posesión de la Fiscalía, así como averiguaciones y carpetas de investigación que resulten de relevancia histórica, social y cultural para la Ciudad de México.

META 10: Implementar el Sistema de Información Integral de Justicia (SIIJ), que permitirá integrar las carpetas de investigación de manera digital y dar seguimiento a los actos de investigación a lo largo de todas las etapas del proceso penal. Con ello buscamos llegar a papel cero, esa es la meta en todos los trámites de la Fiscalía.

Meta 11: Reestructuración de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte

El robo de vehículo, requiere un cambio de estrategia para mejorar los resultados, para ello, creamos un grupo de trabajo con las Fiscalías y/o Procuradurías de los estados que conforman la Zona Metropolitana, para implementar acciones preventivas, correctivas y reactivas en el marco del intercambio de información, apoyo y colaboración.

En próximos días pondremos en operación el Centro de Monitoreo de Robo de Vehículos, para dar seguimiento, en tiempo real, a las denuncias.

META 12: El combate a la violencia familiar que requiere de una respuesta inmediata y ejemplar para evitar la impunidad y que se desate la espiral de violencia.

La Ciudad cuenta con una red institucional adecuada para la prevención y atención de la violencia familiar; sin embargo, las estadísticas nos indican que se incrementa de forma especial en el contexto familiar dentro de los hogares, lamentablemente incluye niñas, niños y personas adultas mayores.

Estamos coordinándonos con las diversas autoridades para dar atención integral a las mujeres que viven en situación de violencia. El objetivo es claro, las mujeres deben contar con un mecanismo eficaz e inmediato para su protección contra la violencia.

He insistido en la necesidad de la revisión del tipo penal, necesaria para abordar de forma correcta este fenómeno incluyendo, por lo menos, una tipificación legal clara y adecuada de la violencia familiar y de sus modalidades; catálogo exhaustivo de las relaciones interpersonales en las cuales se tipifica, así como garantizar la reparación integral del daño.

Quiero comentarles que damos continuidad a la política institucional para elevar la calidad del trabajo del Ministerio Público de la Fiscalía General, esto lo apoyaremos con el programa anual de capacitación para el ejercicio 2022, que deriva de un diagnóstico de necesidades realizado en todas las unidades administrativas.

Punto importante para la capacitación es el relativo a la justicia restaurativa, debemos aprovechar las ventajas y flexibilidad del nuevo sistema para encontrar soluciones prontas a la exigencia de justicia del ciudadano; principalmente en los delitos de bajo impacto y los de carácter patrimonial.

La Fiscalía estableció en el Plan de Política Criminal la promoción de 2020 la promoción de mecanismos alternativos para la solución de controversias, los acuerdos firmados en los hechos de la Línea 12, son un ejemplo de los beneficios de la justicia restaurativa y la intervención activa de las víctimas.

Tan solo en 2021 logramos recuperar para las víctimas, a través de este mecanismo, aproximadamente cuatro mil millones de pesos.

Legisladoras, legisladores, quedamos en espera de que el Consejo ciudadano y el Honorable Congreso convoquen a una amplia consulta ciudadana para robustecer el Programa de Política Criminal y el Plan de Persecución Penal, estaremos atentos a las conclusiones que de ella deriven para que estos instrumentos realmente sean producto de un amplio consenso social.

Con las metas que nos hemos fijado este año, nos proponemos mejorar de forma tangible la atención ciudadana; fortalecer el combate y desarticulación de grupos criminales; continuar con la disminución de la violencia en la ciudad y bajar todavía aún más la incidencia de homicidio; mejorar la investigación, la atención en violencia familiar, que afecta a mujeres, niñas y niños; mejorar el combate a la extorsión, mejorar la investigación del robo a vehículo y en transporte público.

Ciudadanas legisladoras y legisladores, esta Fiscalía es resultado de un amplio consenso social y político que reconoce que es el tiempo de transformar el acceso a la justicia.

Alinear a nuestra institución con la justicia, la transparencia y la honestidad del servicio público, afecta intereses y genera resistencias. Pero es indispensable, para garantizar los derechos y libertades de todas las personas.

La consolidación en la transformación de la fiscalía, requiere el respaldo de todos ustedes en el congreso y de la ciudadanía.



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