Como parte de un esfuerzo de colaboración internacional que abone en la ejecución de acciones para prevenir y combatir la corrupción, en un contexto de protección de los derechos humanos, situando a las víctimas en el centro de las actividades mutuas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA por sus siglas en inglés) representada por el Sr. Thomas Stelzer, firmaron un memorando de entendimiento.

En la reunión, Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH, señaló que la corrupción es un fenómeno complejo que afecta los derechos humanos en su integralidad, así como al derecho al desarrollo, porque debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad.

“La corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de la ciudadanía en general, pero, sobre todo, entre los grupos históricamente discriminados, como las personas en situación de pobreza, las mujeres, los pueblos indígenas, los afro descendientes, las personas migrantes y las personas privadas de la libertad, y además afecta de forma especialmente profunda a quienes son objeto de trata y tráfico de personas como los migrantes, niñas, niños y mujeres”.

Piedra Ibarra, añadió que la corrupción tiene múltiples causas y consecuencias, y que en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas y empresas, es por ello que se requiere el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla, como una forma más de garantizar los derechos humanos.

“Las prácticas corruptas generan complejas formas de captura del Estado, cooptando las estructuras estatales e incluso desviación institucional con fines delictivos, así como el mal uso de los recursos públicos que ocasionan un menoscabo del crecimiento y la prosperidad”.

Finalmente, Rosario Piedra dijo que de acuerdo con el nivel y grado de corrupción, así será su impacto, afectando primordialmente el funcionamiento y la legitimidad de las normas, instituciones y procesos democráticos.

“La vida de las personas, principalmente en las personas pobres, al tener repercusiones devastadoras sobre la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los bienes y servicios básicos para garantizar la dignidad de las personas vulnerables”.



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