El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, miente y se victimiza al afirmar que es objeto de una persecución penal y política por pensar diferente, manifestó el líder de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Lo anterior lo señaló el legislador de Morena, luego de que el titular del INE afirmó que la denuncia penal que en días pasados interpuso el propio Gutiérrez Luna en contra seis de los once integrantes del Consejo General del INE que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato, es un acto “que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios: perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir”.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja rechazó de manera tajante que se persiga a los consejeros electorales por pensar diferente, como “cobardemente afirma Córdova”.

En respuesta a través de su cuenta de twitter, el morenista veracruzano puntualizó:

“Lorenzo miente: 1. No se le persigue como afirma. Se victimiza. 2. Las acciones que se tomaron en su momento no fueron por “pensar diferente” como cobardemente señala. Fueron por acciones ilegales, premeditadas y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia”, señaló Gutiérrez Luna en un mensaje en redes sociales.

El diputado presidente sostuvo en días pasados que la denuncia penal fue presentada “dentro del marco jurídico” y rechazó cualquier intención de perseguir políticamente a los funcionarios del INE.

No obstante, en un mensaje de ayer domingo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova dijo que es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no pensamos igual que él.

“Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios, perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir”.





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