Un juez federal concedió una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, además de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

La FGR obtuvo una ficha roja de localización en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes llevan casi cuatro meses alejados de la vida pública, luego de que se difundiera el pasado 10 de septiembre de 2021 sobre la investigación que los inculpa por dichos delitos.

La FGR informó la tarde de este jueves que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación en contra de los señalados porque presuntamente celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

Según la FGR, la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.

Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, Yareli Eunice Delgado García, Ricardo Cortés Contreras, José Reyes Orta Sierra quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.

El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.

En el caso de una de las empresa que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.

Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas, sin embargo el caso se seguirá investigando.

A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; cabe destacar que Yareli Eunice Delgado García, Ricardo Cortés Contreras, José Reyes Orta Sierra ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal.



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