Debido a que no se indicaron hechos concretos en los cuales se podría basar la investigación, ni se tuvo certeza de quién realizó la denuncia o incluso datos sobre posibles testigos o víctimas que hayan sufrido o presenciado un agravio, La Fiscalía General de la República (FGR) desistió ejercer acción penal, por la comisión de supuestos delitos, en contra del Magistrado Carlos Alpízar Salazar, Secretario General de Presidencia y de Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, ex Secretario Ejecutivo de Administración, ambos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y hombres de confianza del Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

“Nos permitimos informar sobre la notificación de la Fiscalía General de la República: como resultado de la denuncia anónima enviada a dicha institución, se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los servidores púbicos”, señaló el Consejo de la Judicatura Federal.

Mediante un comunicado, el CJF destacó que dicha determinación de la FGR se desprende dado que a partir de la narración de los hechos, no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación, ni tampoco se desprendían circunstancias específicas de tiempo, modo u ocasión.

“Por tanto, con base en lo anterior, la Fiscalía resolvió que no se pudo contar con datos de prueba que ayudaran a la acreditación de los elemento del tipo del delito y, en consecuencia, determinó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal”.

El CJF reafirmó su compromiso con la política de “Cero Tolerancia a la Corrupción y la Impunidad”, así como sus esfuerzos por erradicar este tipo de conductas entre las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial de la Federación.

Según la denuncia “anónima” presentada ante la FGR, el Magistrado Carlos Alpízar Salazar, junto con Julio Scherer Ibarra, ex Consejero de la Presidencia de la República, habrían presionado a Jueces y Magistrados Federales para favorecer algunas resoluciones.

Mientras que Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, supuestamente habría desviado recursos y cometido irregularidades en adjudicaciones.



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