Durante el foro 22 del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal organizado en la Cámara de Diputados, activistas, ejidatarios y usuarios del servicio, demandaron a los legisladores que se les tome en cuenta en el proyecto.

Por su parte, representes de empresarios que participan en el sector se manifestaron en contra de la propuesta del presidente de la República, pero expresaron su disposición de trabajar en mejorar la iniciativa planteada.

En el Foro 22 “Usuarios, Pueblo Indígenas y Electricidad” los representantes de los pueblos originarios expusieron sus problemáticas como la falta de servicio eléctrico y la negativa de CFE a atenderlos y abusos de empresas trasnacionales de energías limpias.

Magdalena Morales García, representante de los Pueblos Originarios en Existencia, exigió a las y los legisladores la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica.

“Vengo en representación de los pueblos originarios en resistencia exigiendo que se apruebe la iniciativa que tiene nuestro presidente de la República, porque lo que nosotros necesitamos, como pueblos originario, como campesinas y campesinos, es que nos den una tarifa preferencial, un servicio de calidad, la condonación de adeudos y la renacionalización de la industria eléctrica y el litio”, señaló.

Dijo que pese a que en Chiapas donde se genera gran cantidad de energía eléctrica, debido a las presas Chicoasen, Malpaso y Peñitas, los pueblos originarios sufren de ese beneficio.

Por su parte, José Abel Manuel Carrasco, ejidatario de La Venta, Tabasco, manifestó que esta iniciativa es necesaria porque detendrá el abuso de inversionistas privados contra propietarios de tierras, que se gestó desde la corrupción de gobiernos pasados.

“Es el momento de que la reforma eléctrica que se discute y esperamos que se apruebe, seamos considerados como comunidades indígenas y campesinas, y se repare el daño que nos han causado proyectos eólicos”, dijo.

Denunció que la empresa española Acciona se niega a pagar el usufructo de las tierras para la generación de energía a través del viento.

Indicó que esta empresa contrató 2 mil 600 hectáreas en el ejido para la construcción del parque eólico Euros, con capacidad de 250.5 megawatts, iniciando su operación en 2009.

Por su parte, Manuel Herrera, representante de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, indicó que la reforma constitucional no es necesaria, y advirtió que, entre otros efectos, provocará afectaciones a las empresas que instalan paneles fotovoltaicos, cancelación de contratos a quienes se refirió como emprendedores y afectación a quienes generan su propia electricidad y con ello, ayudan a CFE a ser más eficiente.

Advirtió que de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo se generara un escenario de alta incertidumbre.

Demandó que no se excluya a las empresas generadoras de energía y dijo que están dispuestos a trabajar para mejorar la propuesta.

Por su parte, Mario Castillo, afirmó: “estamos de acuerdo en que se les quiten privilegios a intereses privados en el sector energético, pero la iniciativa en su redacción actual parte de un diagnóstico incorrecto según el cual los problemas se resolverán dando más poder a la CFE”.

“Este planteamiento asume que la CFE es quien mejor conoce y defiende el interés común cuando muchos pueblos hemos vivido la violencia y criminalización de la CFE al defender nuestros territorios frente a sus proyectos. Esta cuestión nos reocupa en relación a la transición energética”, indicó.



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