La Guardia Civil, en el marco de la operación FRATER, ha desarticulado tres grupos criminales dedicados al lavado de dinero, mediante la adquisición de motores náuticos de alta potencia, portados habitualmente por embarcaciones de alta velocidad utilizadas en el ámbito del narcotráfico. Se ha detenido a 11 personas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal; y se ha detectado un patrimonio blanqueado de 3.260.000 euros.

La operación se inició tras vincular a uno de los investigados, que fue detenido en 2013 por un delito contra la salud pública, con una sociedad dedicada a adquirir motores para su instalación en embarcaciones rápidas de las utilizadas habitualmente para introducir hachís en la península procedente del norte del continente africano.

A mediados de 2021, se recibieron informaciones de la existencia de dos sociedades que, con idéntico modus operandi de la anterior, estarían comprando motores náuticos para, igual que ya hizo ésta, ser utilizados en el ámbito del narcotráfico. Iniciadas las primeras indagaciones se comprobó que el administrador de una de ellas era un abogado con despacho profesional en la localidad de Barbate (Cádiz). Estas sociedades se dedican, supuestamente, a la venta de material náutico, sin embargo, no poseen un local de negocio donde exponer o vender sus productos, ni los administradores de las mismas tienen experiencia en dicho sector. Intensificadas las gestiones sobre este abogado, se observa que mantiene una estrecha relación personal con el que fuera administrador de la primera.

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Del análisis de la actividad financiera de ambos investigados, se obtuvieron vínculos claros y la más que probable utilización de los titulares como testaferros, para el blanqueo de capitales a través de la empresa a su nombre. De hecho las tres sociedades han recibido un total de casi un millón de euros cada una en efectivo.

Los agentes, tras analizar la actividad de las empresas, detectaron que distintas personas realizaban importantes ingresos en efectivo en cuenta bancaria titularidad de dicha sociedad, no obstante, estas carecían de fuentes de ingresos legales que les permitían semejantes desembolsos. Además, también recibían ingresos de las otras sociedades investigadas. Una vez que el dinero había sido introducido en el sistema financiero, y transferido de una sociedad a otra, en un intento de distanciarlo del momento en el que fue ingresado en metálico, era utilizado para pagar motores que adquirían a empresas ubicadas en Dubái.

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Los motores adquiridos a través de una de las empresas eran puestos a disposición de las otras, cuyo administrador era el encargado de hacerlo llegar al comprador real, que no era ninguna de las personas que ingresó el dinero para comprarlo, ocultándose tanto su identidad como la verdadera procedencia del dinero. Los administradores de estas empresas han visto incrementar exponencialmente su patrimonio, no obstante, no poseen fuentes de ingresos que justifiquen dicha circunstancia. La investigación ha sido dirigida por la Fiscalía Antidroga de Cádiz.

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