Diputados de la Comisión de Igualdad de Género aprobó una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de registro de violentadores, protocolo y señales de alerta, perspectiva de género y educación.

El primer dictamen adiciona diversas disposiciones de la cita ley y contempla la creación de un registro público de violentadores y agresores de mujeres, informó la presidenta de este grupo de trabajo, Julieta Vences Valencia.

Dijo que este tipo de instrumentos son importantes para disuadir conductas violentas contra las mujeres. “Estamos conscientes que se requieren medidas contundentes para erradicar de raíz la anulación o limitación de nuestros derechos”.

Consideró importante fortalecer la legislación e implementar nuevas medidas en materia de delitos y violencia, razón por la cual es fundamental que la iniciativa se apruebe con modificaciones para establecer que la Federación y el Sistema para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres deben coordinarse con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para solicitar información de los delitos de violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes, así como de feminicidio.

La diputada promovente, Juanita Guerra Mena, manifestó que la creación de mecanismos eficaces de control y sanción en la comisión del delito contra mujeres no debe ser vista de manera aislada, sino integral.

Destacó que el registro nacional de violentadores es una propuesta que implica dotar se seguridad y tranquilidad a la sociedad. “Es importante homologarlo a nivel nacional porque es una propuesta que pretende eliminar la violencia contra las mujeres”.

La priista Melissa Estefanía Vargas Camacho recordó que en la pasada Legislatura su grupo parlamentario presentó una iniciativa para crear el registro nacional de agresores. “Agregó que hubiera sido interesante analizar las dos iniciativas a fin de tener un sistema más robusto y claro no sólo en materia de agresores, sino también de deudores alimenticios y agresores para menores”.

El Segundo dictamen, que se avaló con 27 votos, reforma diversas disposiciones de la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de protocolo y señales de alerta homologados, que tiene por objeto garantizar la implementación de protocolos y señales de alerta personal homologadas en todas las entidades federativas, que permitan identificar y brindar auxilio oportuno a víctimas de violencia o en riesgo de sufrirla, así como la operación de números de emergencia homologados.

Es imprescindible la homologación, porque actualmente cada sector de la administración pública y de la impartición de justicia ofrece un enfoque distinto correspondiente a su área de especialización, la cual varía, lo que ocasiona que se desarrollen múltiples procedimientos de detención y atención a víctimas y no uno sólo, señalaron las legisladoras.



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