Con el argumento de no acompañar “un dictamen que fomenta el autoritarismo y la violación del derecho de acceso a la justicia en el Congreso de la Unión”, la oposición en el Senado de la República votó en contra de la minuta que busca adicionar una causal de improcedencia en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.

Sin embargo, el voto mayoritario de Morena, PES, PT y PVEM logró establecer que es improcedente que se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, de la Comisión Permanente o de sus Cámaras, que emitan sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas.

La propuesta aprobada por 61 votos, 39 en contra y una abstención, adiciona un inciso h), al numeral 1 del artículo 10, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, avalado el primero de marzo pasado en la Cámara de Diputados.

PRI, PAN, MC, PRD y el Grupo Plural destacaron que Morena y sus aliados están cometiendo un abuso, “están aplastando los derechos de terceros no sólo representados en el Congreso de la Unión, sino de los representados por el voto ciudadano”, acusó el panista Damián Zepeda.

Detalló que la reforma está hecha para que el Congreso “haga lo que quiera”, sin que nadie le recrimine nada. Aceptar esta reforma, abre la posibilidad de que la mayoría legislativa pueda “socavar los derechos de la oposición sin que exista un lugar en el que se pueda impugnar”.

Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, afirmó que el dictamen deja en estado de indefensión a las y los legisladores, ya que no tendrían un mecanismo de defensa, ante los actos de autoridad emitidos por las Cámaras y sus organismos, los cuales podrían violar los derechos políticos y electorales de los diputados y senadores.

La panista Gina Cruz Blackledge, destacó que al aprobar este “capricho legislativo”, estarán dando los pasos definitivos para cancelar nuestra vida democrática y para “convertir a México en una lamentable dictadura latinoamericana en plena decadencia”.

Cabe recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revisar actos del ámbito parlamentario, que tuvieron origen en las decisiones que tomaron tanto la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como la de la Cámara de Senadores, para la integración de la Comisión Permanente.

En este sentido, en el dictamen se considera que la Sala Superior del Tribunal Electoral, invadió el ámbito competencial del Congreso y se condujo de manera ilimitada, lo que afectó el equilibrio de poderes que se establece en la Constitución Política.

Las Cámaras del Congreso, a través de su Pleno, deciden sobre la integración de comisiones ordinarias, especiales o de investigación, y se trata de asuntos de naturaleza parlamentaria en los que no resulta procedente que el Tribunal Electoral pueda ejercer jurisdicción sobre este tipo de actos autónomos de carácter interno del Poder Legislativo.

Los actos parlamentarios, se enfatiza en el dictamen, son actos autónomos reconocidos en la Constitución y que corresponden a facultades exclusivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, por lo que quedan excluidos de la tutela del juicio de protección de derechos políticos-electorales, de conformidad con la Constitución, la Ley y criterios jurisprudenciales ya establecidos.

El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM, consideró que esta reforma establece que no se podrán impugnar los actos meramente parlamentarios, a efecto de que no se interfiera en la organización del Congreso.

“Es mentira que se vayan a eliminar los medios de impugnación para actos de jurisdicción electoral”.



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