El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del grupo plural, acusó que actualmente una institución militar se encarga de temas de seguridad pública, cuando lo que se estableció fue un organismo con mando civil; en ese sentido, dijo que no se ha hecho nada para retirar al Ejército de las calles, como lo establece la Ley.

En el marco de la presentación del segundo informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez y la asociación civil “Causa en Común”, el legislador sostuvo que, lo que hoy tenemos, es una institución militar en todos los órdenes y los resultados son preocupantes, pues sólo hay unos pocos detenidos relacionados con delitos graves.

Se dijo alarmado con un modelo que fortalece a las Fuerzas Armadas, toda vez que se le destina un gran presupuesto, lo que hace verosímil un proyecto político con carácter militar.

Por su parte, la senadora priista la senadora Claudia Ruiz Massieu, dijo que uno de los retos más grandes que enfrentan los mexicanos es la crisis de seguridad pública, que impacta a diversas entidades y órdenes de gobierno y no distingue entre géneros, afiliaciones políticas, creencias y convicciones.

Subrayó que este informe llena el vacío de información sobre la estrategia de seguridad del Gobierno federal y de la Guardia Nacional, de forma sintética, lo que permite un contexto claro sobre lo que pueden esperar del cuerpo de seguridad.

Ruiz Massieu, secretaria de la Comisión de Justicia, indicó que el Poder Legislativo tiene como tarea pendiente un análisis más amplio de todo el sistema de procuración y administración de justicia.

Además, es necesario examinar el actuar de la Guardia Nacional, para asegurar que logre el objetivo de mantener un sistema democrático de derecho.

María Elena Morera, presidenta de la organización “Causa en Común”, enfatizó que, desde la creación de la Guardia Nacional, fuentes oficiales han brindado información contraria e incompleta respecto a los procesos de creación, integración y operación de este cuerpo de seguridad.

Informó que el organismo ha recibido mil 742 quejas por atentar contra los derechos humanos, entre las que destacan las denuncias sobre tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.

Alejandro Hope, analista de seguridad, indicó que “la Guardia Nacional es una suerte de ficción administrativa. Su personal cobra en su mayoría en las Fuerzas Armadas, sus predios pertenecen a otras instancias y sus bases de operación han sido construidas por otras dependencias”.

Reveló que, de acuerdo con el Informe, la Guardia Nacional detuvo a ocho mil 900 personas; sin embargo, sólo 14 fueron detenidas como resultado de operaciones de inteligencia; 50 por delitos contra la salud, portación de armas de fuego o lavado de dinero; y seis por homicidio doloso. Están deteniendo a personas en flagrancia, pero no investigan los delitos, sostuvo.

Jorge Javier Romero, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México-Xochimilco, denunció que existe una “violación tremenda a la Constitución”, ya que la Guardia Nacional no es un cuerpo civil. “El actual gobierno desmantela el Estado Civil y sustituye tareas fundamentales por una administración militar”.



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